Mercancías peligrosas

El transporte por carretera es, a día de hoy, uno de los medios más efectivos y el que sigue ofreciendo mayor confianza a gran parte de los proveedores. Alimentos, ganado, muebles y electrodomésticos, vehículos… Los camiones y tráileres que viajan por nuestros viales transportan todo tipo de bienes, en su mayoría, materiales que no suponen ningún tipo de peligrosidad para el resto de conductores. Pero existe una pequeña parte del transporte de mercancías, que lo hace con género peligroso.

 

¿Qué es una mercancía peligrosa?

Las mercancías peligrosas son aquellas que pueden suponer un riesgo para la seguridad del resto de conductores o que pueden dañar el medio ambiente o las propiedades. Algunos de los materiales peligrosos cuyo transporte es más frecuente en nuestro país son los siguientes:

 

  • Fuegos artificiales
  • Explosivos
  • Material radioactivo
  • Gases tóxicos o inflamables como el butano.
  • Materias infecciosas como un cultivo de laboratorio para el estudio de enfermedades, por ejemplo.
  • Material corrosivo como el ácido sulfúrico, que se utiliza principalmente para la obtención de fertilizantes.

 

Para proteger a los conductores y el territorio, existe una normativa europea que regula la conducción en el transporte de mercancías peligrosas, el ADR (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera). El ministerio de Fomento informa en su web sobre ésta y otras normativas que hacen referencia a traslados de este tipo y, en concreto, facilita la última actualización del ADR que consta del año 2017.

 

¿Cómo actúa el ADR?

El ADR indica el tipo de envases que deben utilizarse para cada mercancía peligrosa que se transporta, además de enumerar todo un listado de las diferentes mercancías que se pueden transportar vía terrestre. También especifica la documentación y el etiquetado del que debe disponerse y la formación de aquellos que la vayan a manipular.

 

En España, el ADR es de obligado cumplimiento y se prevén diferentes sanciones en caso de saltarse la normativa. Las multas pueden ir desde los 300 euros, en casos leves, hasta los 4.000 euros en los casos más graves.

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