España ha bloqueado lo que se conoce como normativa de trabajadores desplazados con el objetivo de que la Comisión Europea admita las propuestas relacionadas con los tiempos de descanso para permitir lo que se conoce como vuelta a casa; los cinco días mensuales sin la aplicación de salarios mínimos para los trabajadores y el requisito de los tres camiones de flota mínima para acceder a la profesión de transportista.
El Gobierno español ha comunicado a las autoridades europeas que va a bloquear la reforma Directiva de Trabajadores Desplazados. Lo va a hacer al menos hasta que la Comisión recoja en sus propuestas los planteamientos españoles favorables a que los profesionales que se dedican al transporte internacional no estén contemplados en esta normativa, como ya sucede con los trabajadores de otros sectores.
La Directiva de Trabajadores Desplazados contempla que, en el caso del transporte de mercancías por carretera, su aplicación deberá realizarse desde el primer minuto. Ante esta postura, el Ministerio de Fomento defiende la postura de que, como mínimo, existan cinco días mensuales en los que no sea necesaria la aplicación de salarios mínimos. En este sentido, son varios los países europeos que están aplicando de forma unilateral sus leyes de salarios mínimos para los conductores de otros países que trabajan en su territorio.
Por otro lado nuestro, España también quiere defender la posibilidad de que cada Estado pueda incorporar “medidas adicionales” al Paquete de Movilidad presentado por la Comisión Europea. Lo que se pretende con esta medida es que sea posible mantener el requisito de los tres camiones en el acceso a la profesión de transportista, una cuestión que está recurrida a nivel nacional y comunitario. Si estos recursos prosperaran el gobierno de España tendría que retirar la actual obligatoriedad de los tres camiones.
En lo referente al Reglamento de la LOTT (ROTT), cuyo primer borrador está siendo actualmente analizado por representantes de los transportistas, Administración y Comité Nacional coinciden en señalar que su entrada en vigor no se producirá antes de verano de 2018.
